Guest post by Daniel Quinteros Rojas, Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Arturo Prat – Chile (UNAP). Sociólogo y MRes in Criminology (UoM), actualmente es investigador del Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (NECfron). Miembro del Comité Organizador Seminario “Migraciones y Criminalización en América Latina” (Iquique 2018) y del Equipo Editorial del libro "Securitización de las Fronteras y Criminalización de las Migraciones en América Latina" (2020).

El lunes 23 de julio de 2018 terminó el proceso de regularización extraordinaria, dirigido a migrantes en situación de irregularidad que ingresaron a Chile hasta el 8 de abril de ese mismo año. Como señalara el presidente Piñera, este proceso de regularización, el tercero desde 1998, surge como una iniciativa orientada a que “la migración a nuestro país sea una buena migración, ordenada, regulada y segura”. Seis meses después, si bien desde el gobierno dicen haber otorgado visas a casi el 70% de las 155.707 personas que se registraron en el proceso, la realidad muestra que, hasta fines de 2018, sólo el 20,8% había logrado estampar su visa en el pasaporte. Junto a ello, desde el gobierno también se ha comunicado la existencia de 12.250 personas que no cumplirían los requisitos, quienes deberán ser expulsadas del país.

Extranjeros siendo expulsados por la Policía de Investigaciones desde el Aeropuerto de Santiago de Chile, en la portada del 16 de agosto de 2018 del diario La Segunda que anunciaba la meta de expulsión

Este anuncio se enmarca en un contexto de aceleración en los flujos de inmigración latinoamericana durante los últimos veinte años. En este período, Chile pasó de contar con poco más de 100.000 residentes extranjeros a comienzos de la década de los noventa a más de un millón, lo que en términos comparativos significa pasar de un 0,8% al 6,6% en poco más de dos décadas. Como en otras latitudes, este rápido crecimiento ha venido acompañado de un endurecimiento de las prácticas de control fronterizo y migratorio, con narrativas fuertemente centradas en la criminalización de las migraciones.

En el caso particular de Chile, este fenómeno ha sido gestionado principalmente a través de la normativa más antigua del continente en materia de extranjería, contenida en el Decreto Ley 1094 de 1975. Diseñada e implementada durante la dictadura militar de Pinochet (1973-1990), este instrumento se basa principalmente en la doctrina de la seguridad nacional, la cual concibe al extranjero como un enemigo que amenaza a la nación. En términos generales, junto con regular la entrada y permanencia de personas extranjeras, esta normativa refuerza los mecanismos de expulsión y prohibición de ingreso estipulados por la Ley de Residencia de 1918. En consecuencia, la necesidad de controlar el cruce de fronteras se articula con los modos específicos en que los migrantes están siendo construidos, representados y tratados social y políticamente a partir de la renovada articulación que se observa entre migración y seguridad. En efecto, un claro ejemplo de lo anterior es la meta propuesta por el gobierno desde 2018: expulsar 2000 extranjeros por año.

En este sentido, durante los últimos años se ha observado una tendencia hacia la priorización de expulsiones penales. En particular, desde el año 2012 en que se implementa la expulsión penal para extranjeros sin permiso de residencia, las expulsiones penales aumentaron significativamente: mientras que en 2013 representaban solo un 9,1% del total de expulsiones, en 2018 creció a un 85,3%. Junto a ello, la entrada en operación de la expulsión penal también ha permitido la expansión general del sistema de deportaciones, el cual duplicó su capacidad en sólo siete años, aumentado de 1021 en 2012 a 2052 en 2018. De ahí que no sea de extrañar que uno de los principales motivos por los cuales se rechazaron esas 12.000 solicitudes sea, precisamente, la existencia de antecedentes penales. En efecto, lo que subyace a este conjunto de medidas es la pretensión de “ordenar la casa”, aplicando para ello una política selectiva que se abre a la “buena migración”, pero se cierra a la migración irregular, la trata de personas y el contrabando.

Pese a este crecimiento, la realidad observada en otros contextos muestra que ningún país es capaz de ejecutar todas las expulsiones que dicta. En este sentido, es importante tener en cuenta algunas particularidades del sistema chileno que permiten poner en duda la real capacidad que tienen las agencias de control para ejecutar el equivalente al total de deportaciones de los últimos diez años. En primer lugar, entre 2010 y 2017, el sistema sólo logró ejecutar una de cada tres expulsiones dictadas. En segundo lugar, a diferencia de las enormes dificultades que presentan las expulsiones administrativas para su ejecución, la expulsión penal sin mínimos de cumplimiento permite agilizar su realización. En la mayoría de los casos, los sujetos se encuentran en prisión preventiva a la espera de su expulsión, cuestión que no ocurre con las expulsiones administrativas, lo que permite a las agencias de control alcanzar elevados niveles de efectividad. En tercer lugar, este aumento en las expulsiones penales se ha debido a la focalización sobre ciudadanos y ciudadanas bolivianas en la frontera norte. Lo anterior favorece enormemente la reducción de costos asociados al traslado, en tanto existe un microbus exclusivo para ello, que viaja una o dos veces por semana entre Iquique y el paso fronterizo de Colchane. En términos concretos, las expulsiones de personas bolivianas pasaron de 181 en 2012 a 1253 en 2018, sin haber mostrado un incremento significativo durante ese mismo período, ni en términos de población ni de participación en actividades ilícitas.

Diecisiete ciudadanos extranjeros siendo subidos al microbus de la Policía de Investigaciones para su expulsión el 13 de mayo de 2016 desde la región de Tarapacá

Por lo demás, el Estado debiera asumir que el cierre de fronteras es una quimera. En este escenario, la expulsión adquiere valor sólo en el plano simbólico, en tanto la capacidad de ejecución y eficacia para prevenir la re-entrada al país son limitadas, particularmente en una zona transfronteriza como el norte del país. Así, las limitaciones del sistema de deportaciones y de control de fronteras en Chile plantean una serie de cuestionamientos respecto de lo que realmente sucederá con estas 12.000 personas.

Frente a la incapacidad de ejecutar tal cantidad de expulsiones, una parte importante quedará en situación de irregularidad y, por tanto, sin la protección del Estado. Producto de esta mayor precariedad en su estatus legal, quedarán sujetas a vulneraciones en el ámbito del trabajo y la vivienda o, incluso, a ser el blanco fácil de las difícilmente detectables redes de trata de personas que operan en la región. En este escenario, el gobierno deberá entregar respuestas a todas estas personas que, alentadas por sus propias autoridades, confiaron en un proceso que les prometió regularidad, pero que les pagará con la expulsión o, peor, con la permanencia irregular bajo amenaza de expulsión.

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How to cite this blog post (Harvard style) 

Quinteros Rojas, D. (2019) El Proceso De Regularización Migratoria En Chile Y El Riesgo De Expulsiones Masivas. Available at: https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2019/06/el-proceso-de (Accessed [date])