Venezolanos en Ecuador: prácticas de seguridad, criminalización y control

Blog escrito por Gabriela García García, candidata doctoral de la Universidad de Aberdeen, departamento de Política y Relaciones Internacionales, abogada en migración y refugio (Ecuador). Su trabajo de investigación se enfoca en la (de)seguritización de los refugiados y solicitantes de refugio en Ecuador. 

Como parte de mi tesis doctoral, este verano viajé a Ecuador para realizar mi segunda ronda de trabajo de campo. Mi estudio analiza las prácticas seguritistas de las élites gubernamentales mediante las cuales se construye a la población refugiada y solicitante de refugio como una amenaza a la seguridad del Estado receptor. En tal sentido, el objetivo principal de mi visita fue entrevistar a dichas élites, así como al personal de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que trabajan con la población, para conocer el impacto de estas medidas. Adicionalmente, acudí a varios espacios de control migratorio, instituciones públicas relevantes y espacios de convivencia de la población para realizar observación participante. El trabajo de campo se dio en el contexto de la continua llegada de personas venezolanas al Ecuador y el establecimiento de prácticas de control previo a su ingreso y dentro del territorio nacional. Este blog presenta un breve análisis de las medidas de control hacia la población venezolana en Ecuador desde tres ópticas: espacios de control migratorio fronterizo, perspectiva de las élites gubernamentales, y la población venezolana en un albergue de Quito. 

“Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”[i]

Desde el 2015 aproximadamente, las personas venezolanas comenzaron a llegar a países vecinos (Colombia, Ecuador, Brasil y Perú) debido a la grave crisis política, económica, social y humanitaria que se vive en su país. Se estima que hay alrededor de 4 millones de venezolanos y venezolanas en Latinoamérica. Las características de esta población son mixtas, incluyendo migrantes tanto como personas en necesidad de protección internacional. Ante su asidua llegada, las respuestas de los gobiernos de la región han sido diversas. En Colombia, Perú y Ecuador, por ejemplo, se han implementado procedimientos especiales de regularización migratoria o permisos temporales acompañados de requisitos de ingreso más estrictos. 

En el caso específico de Ecuador, las medidas declaradas han cambiado en función de coyunturas específicas afectando a la población migrante venezolana tanto al ingreso como en su regularización migratoria. Durante mi primera ronda de trabajo de campo en junio del 2018, el gobierno del presidente Lenin Moreno Garcés (2017-2021) dictó un decreto de emergencia frente al incremento en la llegada de esta población–se estimaba que 6,000 personas ingresaban por día. Adicionalmente, se les exigía presentar el pasaporte como requisito de ingreso o documentos de identidad venezolanos con su debido certificado de autenticidad. Posteriormente, a inicios del 2019, el discurso oficialista mimetizó la nacionalidad venezolana con estereotipos de criminalidad y, como consecuencia, se implementaron nuevas medidas de control migratorio. Se pidió como requisito la presentación de un certificado que demuestre no tener antecedentes penales y se dictó mayor vigilancia “para controlar la situación legal de venezolanos en las calles, lugares de trabajo, y la frontera”.  Cabe mencionar que estas medidas se contraponen con lo establecido en la constitución del Ecuador, en la cual se reconoce el derecho a migrar, la igualdad entre nacionales y extranjeros, se prohíbe la criminalización de la migración y discriminación por estatus migratorio, así como se reconoce a la ciudadanía universal como principio de las relaciones internacionales.

“Prácticamente no existen porque perdieron los documentos”[ii]

En vista de estas medidas restrictivas, las personas venezolanas que llegan al Ecuador enfrentan dificultades en su ingreso, tránsito y permanencia en el país. En el punto de control fronterizo en Rumichaca, Tulcán-Ecuador, se estima que llegan entre 1,000 y 2,000 venezolanos por día según las cifras del Ministerio de Gobierno. Cabe recalcar que desde septiembre del 2019, este número se ha reducido cerca del 98%. Hay dos filas habilitadas para el ingreso, una exclusiva para nacionales de Venezuela y otra para colombianos y otras nacionalidades. Se evidencia también que varios grupos familiares con niños, niñas y adolescentes pernoctan en las instalaciones de control migratorio con sus pertenencias. En el área hay presencia del ejército, policía nacional, y también de organizaciones internacionales y ONGs brindando información y asistencia humanitaria emergente en salud y alimentación. Del mismo modo, se habilitaron espacios seguros y exclusivos para menores de edad, tipo guardería. Dado que el principal medio de transporte de esta población es a pie, en la carretera hacia el interior del país se observan grupos de personas caminando con sus maletas y cobijas. 

Los funcionarios públicos entrevistados corroboraron que la estrategia principal en este puesto de control es identificar y filtrar a los migrantes para evitar que personas sin documentos válidos y vigentes ingresen al Ecuador. En este punto, cabe tomar en cuenta la tendencia generalizada de vincular al venezolano con criminalidad. En una de las entrevistas, un funcionario justificó estas prácticas restrictivas señalando que no llega “el mejor tipo de gente (…) viene el ciudadano con antecedentes penales, viene el ciudadano peligroso en estado de pobreza fuerte”. Desde esta perspectiva, se concibe al control como “necesario para garantizar la seguridad interna del Estado”, se lo instaura como una estrategia para contener y frenar el ‘flujo’ y se reproduce el nexo criminalidad-migración. 

Durante el periodo de mi visita, las personas venezolanas que no portaban los documentos requeridos, ya fuera por caducidad, falta de material, demora en su emisión o costo, eran impedidas de ingresar al territorio ecuatoriano. El personal de la ONG Servicio Jesuita a Refugiados (JRS-Ecuador) mencionó en las entrevistas que al endurecerse los requisitos de entrada, las personas continúan llegando puesto que se abren ‘trochas’ o pasos irregulares alrededor de la franja fronteriza. Por consiguiente, la población venezolana entra en un círculo vicioso de irregularidad migratoria. Al no poder presentar los documentos de ingreso y cruzar la frontera a través de trochas, se estaría incumpliendo con el registro migratorio formal lo cual desencadenaría en altas multas de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Sin documentos, registro, y con multas, las opciones de regularización se restringen mientras que las posibilidades de quedarse en situación irregular aumentan, lo cual implicaría posteriores multas migratorias repitiendo el ciclo. En este punto, el Monitoreo de Protección del Ministerio de Inclusión Social (MIES) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indica que, a raíz de la solicitud de antecedentes penales y certificados de validez, los ingresos irregulares a Ecuador incrementaron de 15% (antes de las medidas) al 30%–de un total de 8,565 personas encuestadas en varias ciudades ecuatorianas.  

En agosto del 2019 entró en vigencia el Decreto Presidencial 826, mediante el cual el gobierno ecuatoriano implementó la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU) como requisito de entrada y vía de regularización dentro del territorio para personas de Venezuela. Si bien esta visa es gratuita, acepta pasaportes con hasta 5 años de caducidad, y exime el pago de multas a quienes hayan sobrepasado su estadía regular, los requisitos de elegibilidad limitan el acceso sólo a quienes cuenten con registro migratorio y antecedentes penales apostillados, legalizados o validados por autoridades venezolanas. De manera similar, la amnistía de multas no incluye a quienes hayan sido multados por ingresar con visa de turismo y se hayan dedicado a actividades de comercio formal o informal. Adicionalmente, se establece como condición no haber violado ninguna ley ecuatoriana–reflejando el discurso de seguridad de fondo.  

Por otro lado, los requisitos son más flexibles para solicitar protección internacional. A pesar de que no hay obstáculos documentales o de registro para presentar esta solicitud, hay asuntos de fondo que complican el proceso de reconocimiento como refugiado. En este sentido, la posición oficial del gobierno es ambigua respecto al reconocimiento del caso de Venezuela dentro de los parámetros de la definición ampliada de refugiado (Declaración de Cartagena y la Convención de Ginebra de 1951). Por tanto, ser admitido al proceso de determinación de la condición de refugiado en Ecuador como venezolano es complicado. En este tema, los entrevistados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador manifiestan que el principal problema es recabar información de país de origen y determinar el agente persecutor–es decir, los grupos o personas que causaron el desplazamiento. Asimismo, la Dirección de Protección Internacional (DPI) basa sus decisiones de admisibilidad en perfiles específicos, por ejemplo, las solicitudes de funcionarios públicos, ex miembros de la fuerza pública, y personas con enfermedades catastróficas o graves son generalmente admitidas. Hasta agosto del 2019, se han presentado 26,870 solicitudes de refugio ante la DPI, de las cuales 58.63% son de venezolanos con 6,828 casos admitidos al proceso de refugio. 

“Sueño con Venezuela libre, con Colombia sin violencia, Ecuador unido y justo”

La situación migratoria de la población venezolana trae como consecuencia el deterioro de sus condiciones de vida: necesidades alimenticias y de vivienda insatisfechas, explotación laboral y experiencias de discriminación por su nacionalidad. En mi visita al albergue de Quito, pude observar que los problemas principales que enfrentan las 10 familias que allí habitan son las condiciones graves de salud de niños y niñas, la falta de registro migratorio y documentos de identidad, y que las personas con visa de turismo estén imposibilitadas de trabajar de manera legal puesto que la Ley lo prohíbe. Estos casos se ven reflejados en los resultados de la última encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la población venezolana residiendo en Ecuador, en la cual se calcula que el 15% ingresó irregularmente al Ecuador, el 15% cuenta con visa de turismo y el 68% se encuentra sin estatus migratorio regular. En estas condiciones, varios miembros del grupo familiar se dedican al comercio informal en las calles y al reciclaje, obteniendo ingresos por debajo de lo requerido para cubrir los alimentos de primera necesidad o canasta básica. Las familias también suelen compartir en espacios comunes (un parque pequeño y un salón de usos múltiples) y preparan comidas típicas algunas veces a la semana. Sin embargo, esta rutina es temporal ya que la estadía en el albergue es hasta por tres meses. 

La llegada de venezolanos continuará incrementando, alcanzando 6.5 millones a finales de este año según estimaciones de la OIM y ACNUR. A pesar de las medidas que ha tomado el gobierno ecuatoriano recientemente para promover mecanismos de regularización migratoria, impera la perspectiva de seguridad y control. De esta manera, tomando en cuenta también el trasfondo de discriminación y xenofobia y las condiciones de vida precarias en las que se encuentra la población venezolana, las posibilidades de integración local y ejercicio de derechos se reducen.